Desde 1969 se viene discutiendo una nueva ubicación para el aeropuerto de Lisboa. Hubo y hay varias hipótesis. Estudios también. Y ahora se está realizando un nuevo trabajo analítico.

En septiembre del año pasado, el gobierno creó una comisión técnica independiente para estudiar el futuro del aeropuerto de Lisboa.

Comenzaron con 17 opciones y ahora se han reducido a siete.

Entre los estudios, las decisiones y la construcción real del nuevo aeropuerto, se espera que pase al menos otra década.

Por ahora, los estudios están en marcha y hay varias ubicaciones posibles sobre la mesa: Alcochete, Montijo, Santarém, Pegões, Rio Frio y Poceirão.

La Comisión Técnica Independiente deberá presentar, antes de fin de año, las ubicaciones clasificadas por orden de usabilidad.

El martes pasado, la comisión presentó, en conferencia, los cinco criterios que dictarán el orden de las propuestas, ya que estamos por ingresar a la tercera fase de la Evaluación Ambiental Estratégica.

El documento se encuentra en consulta pública desde el lunes 10 de julio y permanecerá abierto por otros 20 días.

En cuanto a los criterios, son: seguridad aeronáutica; accesibilidad y territorio; salud humana y sostenibilidad ambiental; conectividad y desarrollo económico y, finalmente, modelo de inversión y financiación pública.

Vayamos uno por uno para entender qué analizarán.

El primer criterio, la seguridad aérea, evalúa cuestiones como el tráfico aéreo, el riesgo de accidentes en caso de colisiones con aves o drones o la congestión del espacio aéreo.

Luego “accesibilidad y territorio”, que estudiará, por ejemplo, los accesos por carretera y ferroviario.

El componente “Salud humana y sostenibilidad ambiental” tendrá en cuenta la exposición de los seres humanos al ruido y la contaminación del aire, pero también la protección de los animales y el medio ambiente. También considerará posibles desastres naturales.

El factor “conectividad y desarrollo económico” evalúa los costos, la velocidad de construcción y la necesidad de subsidios públicos.

El último criterio, “modelo de inversión y financiación pública”, también evalúa costes y rapidez, pero añade riesgos de concesión.

Tras la entrega de la lista, prevista para finales de año, la tan esperada decisión será política. Adoptada no sólo por el gobierno del PS, sino también por la oposición del PSD, de acuerdo con los líderes de los dos grandes partidos.