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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado una propuesta de reforma constitucional que prevé una reducción en el número de diputados y senadores. Se espera que las negociaciones en el Congreso sean complicadas.
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Su proyecto es también cambiar el organismo que organiza las elecciones y crear otro en su lugar, cuyos miembros sean elegidos por voto popular, así como reducir el presupuesto de este organismo y de los partidos políticos.
La iniciativa propone eliminar de los actuales 500 a 300 legisladores llamados “plurinominales”, que son designados en base al voto obtenido por los partidos, y en el Senado se reduciría de 128 a 96.
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El Gobierno también propone la extinción del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los órganos electorales para sustituirlos por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tendría alcance nacional, y con una junta directiva de siete miembros en funciones del INE 11..
Actualmente los directores del organismo son elegidos por la Cámara de Diputados y duran en el cargo nueve años.
López Obrador es crítico con el INE, quien lo acusa de encubrir un fraude cuando se postuló a la presidencia en 2006 y 2012, además de señalar que es “el organismo electoral más caro del mundo”.
“Lo que queremos es que haya una democracia genuina y verdadera en el país y que termine el fraude electoral”, dijo el presidente mexicano.
La iniciativa también propone limitar la provisión de fondos públicos a los partidos políticos para campañas electorales, eliminando el actual modelo de recaudación, así como la implementación del voto electrónico.
“Tratar de abaratar la democracia en nuestro país”, dijo Horacio Duarte, uno de los encargados de redactar la propuesta.
La reforma, que modificaría 18 artículos constitucionales y agregaría siete artículos transitorios, requiere el voto de al menos dos tercios de los diputados (334 de 500), es decir, la “mayoría calificada”.
Es una meta difícil para el oficialismo y sus aliados, que cuentan con 277 votos, y que deberán negociar el resto con los partidos de la oposición, que ya les dieron la espalda en el intento previo de promulgar una reforma constitucional del el pasado 18 de abril.
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