El presidente de México promulgó la tarde del viernes en el castillo de Chapultepec la reforma política, que incluye una serie de cambios constitucionales políticos y electorales. “Gracias a la madurez política hemos hecho de 2013 el año de las reformas”, dijo Peña Nieto, quien señaló la reelección legislativa y la igualdad de género como algunos de los puntos más importantes del cambio legislativo.

El paquete regulatorio fue aprobado por el Senado en diciembre del año pasado y desde entonces ha contado con el apoyo de la mayoría de las cámaras estatales.

La reforma convierte la Oficina del Fiscal General en una Fiscalía cuyo titular deberá ser designado por el Senado y permanecerá en el cargo por nueve años, salvo destitución del cargo por el Ejecutivo. Con esta reforma surgirán gobiernos de coalición en México. Una vez aprobado, todo el Gabinete de Ministros tendrá que ser ratificado por el Senado, a excepción de los responsables de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina. Cuando no hay coalición, el canciller y el ministro de Finanzas deben ser ratificados por los senadores.

El punto más importante de esta reforma es el fin del veto a la reelección, un tabú que impera en la política mexicana desde 1933. Diputados y senadores podrán aspirar a repetir un mandato de hasta 12 años. Los alcaldes pueden ser reelegidos para un nuevo mandato. No tendrán este beneficio el Presidente de la República y los gobernadores.

También se creará el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha generado más dudas que certezas entre los expertos políticos. El organismo será responsable de organizar y monitorear más de 3.000 elecciones, lo que podría saturar su capacidad operativa. El INE reemplaza al Instituto Federal Electoral (IFE), una de las instituciones más respetadas de la vida democrática mexicana. Tendrá mucho poder ya que nombrará a los concejales de los institutos electorales locales.

La reforma política anulará las elecciones si un candidato excede los límites de gasto de campaña en más del 5%, recibe dinero ilícito o compra cobertura de radio y televisión. Esto sólo sucederá si hay una diferencia inferior a cinco puntos entre el candidato ganador y el segundo.

Los partidos políticos estarán obligados por ley a presentar el mismo número de candidatos al Congreso federal, hombres y mujeres. La paridad absoluta también ha sido calificada de populista por algunos expertos, que creen que podría deteriorar la calidad de los legisladores.

La agenda de reformas políticas ha sido dictada, en su mayor parte, por los dos principales partidos de oposición en México, el derechista Acción Nacional (PAO) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ambos querían dar más certeza a las elecciones y reducir el poder e influencia que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene en algunas regiones del país que aún no conocen la alternancia política. Las negociaciones entre los tres partidos se llevaron a cabo en el Pacto por México, un acuerdo entre los tres grupos para promover una agenda legislativa común. La reforma política fue una condición previa para que la derecha ayudara al PRI a aprobar la reforma energética.

La negociación a tres bandas generó tensiones entre las partes que terminaron suavizando algunos cambios y dejando de lado otros.

Las claves y detalles de estos cambios constitucionales se encontrarán en las reformas secundarias que se discutirán en el próximo período ordinario de sesiones, que comienza en febrero. Por tanto, el clima de negociación cambiará. Los tres partidos ya no tendrán el instrumento para facilitar acuerdos como el Pacto por México, que se disolvió cuando la izquierda abandonó la mesa de diálogo ante la inminente aprobación de la reforma energética.