Si bien son raros los ejemplos en Brasil de políticos dispuestos a recortar sus privilegios, podemos ver modelos a seguir en otros países. Casos de diputados suizos y británicos, así como de México que, tras abolir las pensiones vitalicias para los expresidentes, se prepara ahora para acabar con la inmunidad del principal líder nacional.

Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia del país a principios de diciembre, quiere que los presidentes mexicanos sean juzgados “como cualquier otro ciudadano, por cualquier otro delito”, y envió una propuesta de reforma constitucional al Senado para poner fin a su inmunidad.

El cambio fue una promesa de campaña de Obrador, quien recordó que desde 1917 los jefes de Estado mexicanos solo pueden ser juzgados por “el delito de traición a la patria”, quedando impune en casos como la corrupción.

El partido de Obrador, conocido como Morena (o Movimento Regeneración Nacional), ha llegado al poder después de 89 años de gobierno de los mismos dos partidos, y está implementando un paquete de medidas de austeridad muy diferente a las que suelen penalizar a la población más pobre: ​​la presidencial presidencial. El avión está a la venta próximamente, y Andrés Manuel también se niega a vivir en la residencia presidencial en Los Pinos, además de haber reducido su salario en un 60%.

Sin edificios exclusivos ni autos de lujo

Otro ejemplo de los cambios que están proponiendo nuestros hermanos es la opción de negar los excesivos beneficios del jefe de Estado. López llegó al Congreso por su asiento en un modesto Volkswagen blanco sin apenas equipo de seguridad. Sin autos grandes, sin escoltas personales que lo alejen de los ciudadanos mexicanos comunes.

Las puertas de la residencia oficial de Los Pinos, que había sido ocupada por el anterior presidente, el conservador Peña Nieto, estaban abiertos a los visitantes el sábado. López Obrador ya ha confirmado que ahorrará dinero público viviendo en un departamento del palacio presidencial.