La prisión preventiva del expresidente peruano Pedro Castillo se extendió a 18 meses el jueves (15), en medio de crecientes disputas diplomáticas con países de izquierda que se oponen a su destitución y protestas violentas que se prolongaron por segunda semana.

Al menos 15 personas murieron en las manifestaciones, según declaraciones de las autoridades.

Un panel judicial dentro de la Corte Suprema ordenó que se prorrogue la prisión preventiva de Castillo mientras los fiscales continúan investigando los cargos penales en su contra.

El fallo no abordó los méritos de los cargos contra Castillo, acusado de rebelión y conspiración, pero un juez de la Corte Suprema que presidía el panel citó el riesgo de fuga del presidente derrocado.

Castillo niega todas las acusaciones y afirma seguir siendo el presidente legítimo del país.

Los manifestantes se reunieron frente a la prisión donde está recluido, con pancartas que criticaban a la nueva presidenta Dina Boluarte y pedían el cierre del Congreso.

“Solo queremos que se escuche la voz del pueblo. El pueblo exige que traigamos de regreso a nuestro presidente”, dijo Gloria Machuca, manifestante.

Las protestas amenazan la logística de las principales minas de cobre y han llevado a la declaración de toque de queda en varias zonas del país andino.

Castillo, quien es maestro e hijo de agricultores, obtuvo una estrecha victoria electoral el año pasado, postulándose bajo la bandera del partido marxista Perú Libre. Fue destituido en una abrumadora votación de los legisladores, quienes lo acusaron de “incompetencia moral permanente” pocas horas después de que pidió la disolución del Congreso el 7 de diciembre.

Cuatro naciones encabezadas por presidentes de izquierda -Argentina, Bolivia, Colombia y México- firmaron una declaración conjunta esta semana declarando a Castillo “víctima de hostigamiento antidemocrático”.

Un bloque de países de izquierda reunidos en La Habana, incluidos Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, también respaldó a Castillo, rechazando lo que describió como una “estructura política creada por fuerzas de derecha”.

La canciller Ana Cecilia Gervasi, nueva en el cargo luego de que Boluarte reemplazara a Castillo la semana pasada, convocó a consultas a los embajadores peruanos en Argentina, Bolivia, Colombia y México.

Gervasi escribió en Twitter que las preguntas “se refieren a la injerencia en los asuntos internos de Perú”.

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