El ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha asegurado que las Fuerzas Armadas se desplegarán en apoyo a la Policía Nacional, a través de un decreto de emergencia emitido por el gobierno de Boluarte.

El ministro dice que ya están identificadas las zonas donde podrían darse nuevas manifestaciones, a partir del 4 de enero, que podrían escalar a acciones violentas.

El ministro del Interior, Víctor Rojas, explicó que el gobierno tiene información de que a partir del 4 de enero volverán los conflictos sociales, particularmente en la región sur del Perú.

Rojas explicó que el dispositivo de seguridad no tiene “la intención de una acción represiva”, sino que servirá para “proteger la propiedad y la libre circulación de las personas”.

Incluso hoy, el presidente de Perú dijo que muchas de las personas que participaron en las recientes protestas, surgidas tras el fallido golpe de Estado de su antecesor, Pedro Castillo, han sido “engañadas”.

“Mis hermanos y hermanas del interior profundo no han escuchado la verdad de quienes lideran estas movilizaciones violentas”, denunció Boluarte, quien dijo haber visto videos en los que peruanos del interior mostraban que no entendían lo que había pasado en los últimos meses. .

Boluarte acusa a los partidarios de Castillo de manipular la opinión pública con “falsedades”.

El Presidente también garantizó que el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia investigarán las muertes de manifestantes en las protestas de las últimas semanas, asegurando que nadie quede impune.

“No permitiremos la impunidad. Procuraremos que los hechos sean investigados, individualmente, y el Ministerio Público asumirá sus funciones”, aseguró Boluarte, durante una rueda de prensa.

Perú atraviesa una crisis política y social y se ha visto sacudido por manifestaciones desde el derrocamiento el 7 de diciembre del expresidente Pedro Castillo, quien pretendía disolver el parlamento para convocar a una asamblea constituyente, crear un gobierno de emergencia y gobernar por decreto, lo que se interpretó como un intento de golpe de estado.

Tras la detención de Castillo, que permanecerá 18 meses en prisión preventiva ordenada por un tribunal, el poder pasó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, pero las protestas y manifestaciones continuaron, provocando al menos 27 muertos y cientos de heridos y detenidos, que llevó al nuevo gobierno a declarar el estado de emergencia en todo el país.