@ebuudiaz

El proceso de consolidación de la democracia mexicana no ha estado dirigido exclusivamente a la existencia de procesos electorales en los que los ciudadanos puedan acudir a las urnas y emitir su voto en condiciones de libertad. También estaba orientado a garantizar que todos los miembros de la sociedad participaran en el proceso de toma de decisiones.

Que nuestra institucionalidad electoral garantice condiciones de igualdad de contenidos entre los pueblos participantes y que el voto ciudadano sea vigente y bien contado, es producto de un largo proceso de luchas de millones de mexicanos y mexicanas que ha resultado en múltiples reformas constitucionales y legales. . La búsqueda para garantizar una mayor inclusión social en la representación política no ha sido diferente.

Ante las continuas quejas de diferentes grupos sociales sobre la falta de participación en el proceso de toma de decisiones, así como la indiferencia y rechazo de algunos actores políticos sobre este tema, las autoridades electorales cimentan las decisiones o resoluciones administrativas focalizando las jurisdicciones y el acceso a las decisiones. generando espacios para personas pertenecientes a diferentes comunidades.

El mejor caso de éxito es la representación política de las mujeres, que representan la parte más importante de la población. Luego de diversas disposiciones administrativas y jurisdiccionales que obligaron a los partidos políticos a garantizar espacios en sus candidaturas, en 2014 la Constitución aprobó la obligación de postular al 50% de mujeres en las candidaturas al Congreso. Hoy podemos decir que, con un marco regulatorio importante y el compromiso de las autoridades electorales, tenemos una Cámara de Diputados integrada en igualdad de condiciones.

A pesar de la necesidad de contar con órganos colegiados de representación popular para reflejar mejor la composición diversa y pluricultural de nuestra nación, son pocas las reformas de carácter legislativo y al menos a nivel federal vinculadas a la participación política de otros grupos de nuestra sociedad (indígenas, comunidad LGBTTTI+, afrodescendientes, etc.). De ahí la importancia de la conducta proactiva de las autoridades electorales.

En este sentido, como sucedió en los últimos procesos electorales federales, el INE ha aprobado nuevamente un acuerdo que obliga a los partidos y coaliciones políticas a postular en el cargo de diplomáticos y senados federales a personas que formen parte de países o comunidades indígenas, que sean afro. -Mexicanos, con discapacidad, que forman parte de la diversidad sexual (LGBTTTI+). Hoy el INE suma la acción afirmativa e incorpora la obligación de postular a las personas que se encuentran en situación de pobreza.

En caso de disputas, los partidos políticos o coaliciones políticas deben postular al menos tres fórmulas integradas por personas que se definen como indígenas. Dieciocho con mayoría relativa y dulce con representación proporcional.

En veinte fórmulas, los partidos políticos deben postular a personas afromexicanas, con discapacidad, con diversidad sexual, mexicanos residentes en el extranjero y en situación de pobreza. Dulce según el principio de mayoría relativa y dulce según el principio de representación proporcional.

Cuando se trate de senadores, partidos políticos o coaliciones, tendrán que postular nuevas fórmulas basadas en algunos de los siguientes principios: cinco personas de ciudades y comunidades indígenas, una de afromexicanos, una de personas con discapacidad y una de personas de diferente desde el punto de vista sexual. Sólo en el caso de la lista proporcional se postulará una fórmula para los mexicanos residentes en el exterior. Llama la atención que el INE no considera la postulación de personas en situación de pobreza para el Senado.

Por otro lado, hay que tener cuidado con los mecanismos que pone el INE ante posibles errores por parte de los actores políticos. No olvidemos que existen casos en los que se ha denunciado fraude en la acreditación de pertenencia a determinados grupos sociales. La responsabilidad de los partidos políticos y candidatos es necesaria para que las medidas adoptadas por el INE sean exitosas. Si el objetivo es asegurar que personas de grupos sociales prioritarios tengan espacios representativos para participar en los procesos de toma de decisiones, cualquier conducta que pretenda vulnerar este objetivo debe ser reprobada y destacada.

Es indiscutible que el acuerdo emitido por la autoridad electoral no soluciona los problemas de representación política. Las medidas aprobadas, de hecho, deben verse como un nivel mínimo a seguir en la construcción de un Estado inclusivo. En otras palabras, es un paso en el proceso inacabado de consolidación de nuestra democracia.

*Maestría en Democracia y Derechos Humanos.