El incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez en la madrugada del 28 de marzo, en el que murieron al menos 40 personas migrantes, es consecuencia de las políticas migratorias restrictivas y crueles que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos, dijo hoy Amnistía Internacional.

“Estos hechos devastadores explican un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas encerraran a seres humanos que no pudieron escapar del fuego? dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Es sumamente insensible y ofensivo que tanto el presidente López Obrador, en su rueda de prensa matutina, como el Instituto Nacional de Migración, en un comunicado oficial, insistieran en utilizar eufemismos para reiterar la gravedad de lo ocurrido y culpar a los migrantes por ello. . Las estaciones de migración no son ‘huéspedes’, son centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ allí, están privadas de su libertad”.

Amnistía Internacional expresa sus condolencias a las familias de al menos 40 migrantes muertos y su pésame a los 29 hospitalizados tras el incendio.

Según un comunicado de la Fiscalía General de la República, entre los muertos y fallecidos se encuentran 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un ecuatoriano y un colombiano.

Esta tragedia ocurrió en un contexto donde las personas se han visto obligadas a buscar protección internacional, enfrentan riesgos para su vida y otras violaciones a los derechos humanos, tanto en los países de origen como en los países de tránsito y destino. Ante esta situación, los países de la región, encabezados por Estados Unidos, han establecido políticas migratorias compartidas cada vez más inhumanas, lo que les hace casi imposible acceder al derecho a solicitar asilo y obliga a las personas a buscar una situación más peligrosa y vulnerable. .

Como parte de esta estrategia que busca frenar la migración en colaboración con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han instalado facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras. Además, han utilizado sistemáticamente la detención de migrantes. Solo en 2022, las autoridades migratorias detuvieron al menos a 318.660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a más de 106.000, entre niños y adolescentes.

Dichas detenciones se llevan a cabo sin respetar los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y adecuación de la detención, ni los más altos estándares relativos a condiciones dignas de detención, incluyendo la prohibición de hacinamiento y la provisión de alimentos y agua suficientes. La Sección Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México dispuso el 15 de marzo de 2023 que el encierro de las personas migrantes en los centros de detención migratoria no debe exceder las 36 horas, período en el cual las personas deben ser admitidas a sus procesos en libertad. .

“Lo ocurrido en Ciudad Juárez nos recuerda la importancia de adecuar la legislación migratoria a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y poner fin a este mecanismo que ha causado innumerables daños, e incluso torturas y crueles torturas, trato inhumano y degradante, los miles de migrantes que han pasado por ellos”, dice Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional insta al Estado mexicano a respetar el fallo de la SCJN y establecer protocolos de actuación en caso de incendios, así como rutas de evacuación en este tipo de situaciones. Asimismo, hace un llamado al Estado a investigar a los violadores de derechos humanos, en especial las denuncias tendientes a que si los dejaron cerrados mientras ocurría el incendio, así como a reconocer que personas migrantes estaban bajo su custodia y, por lo tanto, era su obligación tanto prevenir el fuego y actuar con diligencia durante el mismo para evitar consecuencias fatales. También es fundamental garantizar el derecho a la salud de las personas hospitalizadas y su derecho a la regularización migratoria en caso de deseo, así como la identificación y repatriación digna de los cuerpos de las personas fallecidas.

Finalmente, Amnistía Internacional insta a los gobiernos de América del Norte, encabezados por Estados Unidos, a cambiar el enfoque de su política migratoria hacia una centrada en los derechos humanos que garantice a las personas migrantes la capacidad de buscar y recibir asilo, una migración segura y el respeto de todos sus derechos.

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