El domingo, las autoridades mexicanas arrestaron a más de 200 inmigrantes, en su mayoría guatemaltecos, en un depósito en el centro del país. Estaban esperando ser traídos ilegalmente a Estados Unidos, según el gobierno local.

El Instituto Nacional para la Migración de México (INM) informó que 225 personas fueron encontradas en la bodega ubicada en el municipio de Jilotepec. Según la agencia, 194 son de Guatemala. También estaban 14 hondureños, nueve nicaragüenses, cinco cubanos y tres salvadoreños.

El gobierno del estado de México, que rodea la mayor parte de la Ciudad de México, dijo que se encontraron 248 inmigrantes en el depósito. Un vocero del INM no pudo explicar la discrepancia entre los números, según la agencia de noticias Reuters.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se vio presionado unos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de período de noviembre debido al aumento en el número de inmigrantes, incluidos brasileños, que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

En el último año fiscal, que terminó en septiembre pasado, 1,7 millones de inmigrantes fueron detenidos, una cifra récord. Desde entonces hasta mayo de este año, se han reportado más de 1.5 millones de arrestos, según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Entre las razones aducidas para el aumento están los impactos de las crisis económicas que afectan a muchos países latinoamericanos y la percepción de que Biden sería más tolerante con la inmigración que el expresidente Donald Trump.

En una de las mayores tragedias que involucran a inmigrantes en los Estados Unidos, al menos 51 personas que ingresaron ilegalmente al país fueron encontradas muertas el mes pasado dentro y alrededor de un camión abandonado en la ciudad de San Antonio, Texas.

También en junio, la Corte Suprema revocó una decisión que resultó en el mantenimiento de la polémica política migratoria conocida como Permanecer en México. Adoptada durante la administración Trump, la política ha obligado a decenas de miles de inmigrantes a permanecer en el país vecino a la espera de una audiencia sobre sus solicitudes de asilo, lo que, según los críticos, los expone a riesgos de secuestro y otros delitos.