El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha visto bajo presión internacional para garantizar que las autoridades guatemaltecas respeten la victoria electoral de Bernardo Arévalo y permitan la transición pacífica del poder en el país centroamericano. “Ganó las elecciones y, por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a los voluntarios de los guatemaltecos, está poniendo obstáculos en el camino”, dijo el presidente en su conferencia de prensa de este verano.
El comunicado del Ejecutivo mexicano se produce en un momento de efervescencia política en Guatemala, donde diversos organismos estatales han intentado impedir la llegada de Arévalo al poder, prevista para el 14 de enero. También es una afirmación atípica, porque la tradición diplomática mexicana sugiere evitar tomar una posición amplia sobre la política interna de otros países, al tiempo que expresa principios como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. López Obrador sostuvo que la crisis en el actual territorio es excepcional y negó que sus palabras puedan interpretarse como un acto intervencionista. “Hijo nuestro, hermanos, no queremos que haya inestabilidad política en Guatemala, en nuestra frontera sur”, dijo.
“Si en Guatemala no se respeta la voluntad del pueblo se pueden provocar conflictos”, explica el presidente mexicano para justificar su afirmación. También afirmo que el consenso diplomático en América y en todo el mundo sobre la situación política de Guatemala es que se respeta la democracia. México limita con el país centroamericano a lo largo de poco menos de 1.000 kilómetros y es uno de sus principales socios comerciales. Las declaraciones también marcan un distanciamiento con el líder excepcional, Alejandro Giammattei, quien, pese a diferencias ideológicas con López Obrador, logró encontrar puntos en común para cooperar en temas como la gestión migratoria y la aplicación de programas sociales diseñados en México. su desarrollo.
López Obrador insistió en que había invitado a las autoridades a confiar en la voluntariedad de los electores guatemaltecos y pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se pronuncie sobre la situación, luego de que Arévalo denunciara persecución judicial para impedir su investidura. El mandatario destacó que el candidato de izquierda “ganó mucho” y expresó su postura sin mediar sobre el tema de los medios que cubren la conferencia convocada. Mañana.
Un inspector guatemalteco propuso en agosto pasado cancelar la segunda vuelta electoral en la que Arévalo derrotó a la ex primera dama Sandra Torres, en agosto pasado. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la propuesta y denunció “un intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público guatemalteco”. “La OEA exige que se respete la democracia en Guatemala y hablo de la OEA, me imagino el comportamiento extremo de algunos grupos”, bromeó López Obrador, cuyo gobierno ha tenido roces permanentes con el organismo continental. El Tribunal Supremo Electoral, máximo órgano electoral, consideró válidos los resultados que dieron la victoria a Arévalo y ordenó al conservador Giammattei entregar el poder. Existe la posibilidad de que se intente revertir el triunfo electoral por la vía legal, con el fracaso de un Tribunal Constitucional, aunque hasta el momento ningún pedido del Poder Judicial ha respondido a este recurso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó una resolución esta semana diciendo que existen “graves riesgos para el estado de derecho en Guatemala” y una “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder”. Militantes y simpatizantes del partido de Arévalo denuncian persecución política, con detenciones y acoso desde el pasado mes de julio, semanas después de la primera vuelta electoral. Estados Unidos y la Unión Europea han caracterizado los intentos de criminalizar la disidencia política como un acto “autoritario” de una “dictadura”.
El martes, Washington anunció la revocación de 300 visas a ciudadanos guatemaltecos, entre ellos 100 representantes y empresarios vinculados al actual gobierno, una operación conocida como “socavar la democracia y el Estado de derecho”. También condenó las “acciones antidemocráticas del Ministerio Público”. Giammattei publicó un mensaje en las redes sociales en el que rechaza las “acciones intimidatorias” provenientes del exterior y se dice partidario de la “manipulación política y mediática”. El presidente dijo que las sanciones “atacan la soberanía nacional, un elemento fundamental que prohíbe la interferencia en los asuntos internos de un estado”. Y agregó que tiene una “firme voluntad” de lograr un cambio de poder pacífico: “En Guatemala no hay acción que pueda impedir que las autoridades electas asuman sus cargos”.
El gobierno de Guatemala y su representación diplomática en México aún no han respondido a las declaraciones de López Obrador. Los ciudadanos de la ciudad enfrentan la incertidumbre sobre el futuro democrático del país y el gobierno que recibirá el nuevo presidente, en medio de una transición larga, complicada e inquieta en la comunidad internacional.
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