Nadie se mete con el INE. eso fue el lema Protestas en las últimas semanas en México, desatadas por las reformas propuestas por el presidente mexicano, Andrés Mnauel López Obrador, al Instituto Nacional Electoral (INE).

Los manifestantes protestan por lo que AMLO, como se conoce al presidente, llamó “Plan B”, reforma del organismo electoral aprobada en el Senado en febrero que pretende reducir el presupuesto y los empleados del INE, el organismo que organiza las elecciones en México. La propuesta también flexibiliza algunos aspectos del protocolo electoral.

Desde que asumió el poder en 2018, AMLO acusó al INE de no ser un organismo imparcial y de permitir el fraude electoral. Bajo estos temas, el mandatario se comprometió a cambiarlo. Esta percepción del presidente es antigua y se remonta a las elecciones de 2006, cuando acusó a las autoridades de robarle la victoria al utilizar el INE (entonces llamado IFE) para validar un presunto fraude electoral. El organismo determinó que el entonces candidato perdió la elección por un estrecho margen de 250.000 votos. AMLO tampoco reconoció su derrota en 2012, alegando nuevamente que la autoridad del IFE toleraba el fraude electoral.

Ahora, la aprobación del Plan B ha dado cierre legislativo a la propuesta presidencial. A diciembre de 2022 ya se habían aprobado algunos cambios a la ley. Sin embargo, la segunda parte de la reforma se había pospuesto debido a la cláusula de la “vida eterna”, que había causado controversia entre las partes. Este punto discutible permite la transferencia de votos entre partidos de la misma coalición, lo que favorece a los aliados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) frente a una oposición dividida.

Para dar continuidad al proyecto, el Senado mexicano aprobó las leyes sobre las que hubo consenso, dejando el artículo de la “vida eterna” para ser debatido en una posterior discusión legislativa. Lo que se aprobó en febrero, más lo que ya se aprobó el año pasado, representa una reforma que afectará la estructura del INE.

Entre otras cosas, la reforma obliga al INE a eliminar alrededor de 300 consejos distritales, que son los encargados de preparar y realizar las elecciones. El proyecto propone sustituirlas por oficinas gestionadas por una sola persona. También establece la reducción de la estructura de 32 ayuntamientos, lo que supone la supresión de 262 puestos.

Encargados de garantizar los derechos a la identidad, asociación política, igualdad y no discriminación, voto secreto, información y transparencia en las elecciones, estos consejos son fundamentales para la calidad de la democracia