La Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó este miércoles el recurso de apelación contra la condena de Pedro Castillo (28). Así, el derrocado presidente deberá permanecer 18 meses recluido en el penal de Barabadillo, en el área metropolitana de Lima. El fiscal acusa a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y alteración del orden público.

“Nunca he cometido el delito de rebelión, no he tomado las armas y ni siquiera he alentado a nadie a hacerlo”, declarado Castillo a los tribunales.

Los cinco jueces de la Sala Penal Permanente rechazaron el pedido de la defensa, afirmando que los alegatos estaban fundados y “debidamente fundamentados”. Además, argumentan que existe riesgo de fuga, pues México ha acogido a la familia del expresidente y ya anunció que podría ofrecerle asilo político. De ser condenado Castillo por los cuatro delitos que se le imputan, podría ser condenado hasta a diez años de prisión.

“El injusto encarcelamiento que me han infligido solo ha servido para polarizar a nuestro país. Pido que se acabe el odio y se me conceda la libertad”, denunció Castillo durante la audiencia.

:: ¿Qué está pasando en Perú? Entendiendo la crisis política ::

Desde el El Congreso aprobó la destitución de Castillo y el dirigente fue detenido, el 7 de diciembre los movimientos sindicales, campesinos e indígenas protestaron exigiendo su liberación inmediata, la clausura del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La redacción de una nueva constitución fue la principal promesa electoral de Pedro Castillo -primer presidente electo por un partido de izquierda desde el régimen de Alberto Fujimori. El proyecto de reforma, sin embargo, ha estado atrapado en el Congreso desde abril de este año.

Manifestantes peruanos detenidos en Andahuaylas, provincia de Apurímac / Defensoría Pública Perú

En casi tres semanas de actos y cortes de ruta, 27 personas han muerto, 193 han sido detenidas y el país permanece en estado de emergencia, lo que permite que las Fuerzas Armadas intervengan para “mantener el orden”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enviado un grupo de representantes a Perú para verificar las denuncias de detenciones arbitrarias y masacres perpetradas por la Policía Nacional contra manifestantes. El grupo concluyó su visita el 23 de diciembre, luego de reunirse con representantes del Estado peruano y organizaciones populares que han convocado las manifestaciones.

“La delegación técnica visitadora de la CIDH ha estado en Lima y Cusco, se reunió con organizaciones, movimientos sociales y líderes indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de crisis institucional”

El Congreso aprobó posponer las elecciones generales hasta abril de 2024 y ahora está debatiendo reformas políticas que podrían dificultar aún más la participación popular en las elecciones.

Debido a la situación de crisis generalizada, la presidenta Dina Boluarte ha decidido suspender su viaje a Brasil para acompañar la toma de posesión del presidente Lula da Silva el próximo domingo (1a).

* Con información de La República, Convoca y La Vanguardia

Montaje: Thalita Pires