Ciudad de México, 17 de agosto de 2023 (Lusa) — Una universidad jesuita anunció que sus bienes fueron confiscados por el gobierno de Nicaragua, que calificó la institución como “centro del terrorismo”, en la última acción contra la Iglesia Católica y figuras de la oposición.

La Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, centro de las protestas de 2018 contra el régimen del presidente Daniel Ortega, dijo el miércoles que la acusación de terrorismo es infundada y consideró el secuestro un duro golpe a la educación en el país.

Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha confirmado la información, ni se ha pronunciado sobre el comunicado de los jesuitas.

La orden jesuita, conocida como la Compañía de Jesús, dijo que recibió una orden judicial el martes relacionada con la incautación, que cubre todas las propiedades, edificios y cuentas bancarias de la universidad.

“Con esta confiscación, el gobierno de Ortega ha enterrado la libertad de pensamiento en Nicaragua”, dijo María Asunción Moreno, quien fue profesora en la universidad hasta que se vio obligada a exiliarse en 2021.

La orden judicial citó al gobierno diciendo que la universidad “operaba como un centro de terrorismo”.

“Esta es una política de gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y parece tener como objetivo consolidar un estado totalitario”, dijo la Compañía de Jesús de Centroamérica en un comunicado.

La UCA, una de las facultades más prestigiosas de la región, fue fundada hace 63 años y cuenta con alrededor de ocho mil estudiantes, así como el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, considerado el principal centro de documentación y memoria del país.

Desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades, incluidas siete extranjeras, han sido clausuradas y sus bienes confiscados por orden del gobierno de Ortega, con procedimientos similares a los que ahora se utilizan con la UCA.

En abril, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua luego de que el gobierno del país suspendiera las relaciones diplomáticas.

Dos congregaciones de monjas, una de ellas la orden Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas de Nicaragua el año pasado.

Además, el gobierno de Nicaragua ha prohibido o clausurado más de 3.000 grupos cívicos y organizaciones no gubernamentales, incluida, en mayo, la Cruz Roja, acusada de “ataques a la paz y la estabilidad” durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se agudizó tras las polémicas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega resultó elegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, y con opositores clave en prisión.

Ortega, de 77 años, lleva 16 años y seis meses consecutivos en el poder, sujeto a acusaciones de autoritarismo y fraude electoral.

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Por Noticias Impala / Lusa

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