Un grupo de reclusos que se declararon en huelga de hambre la semana pasada en el centro de detención de Torrance en Nuevo México escribieron una carta denunciando las condiciones insalubres de las instalaciones y la forma inhumana en que son tratados.

Una de las revelaciones se refería a la brasileña Kesley Vial. Según la carta abierta, supuestamente se suicidó en agosto, en parte, por el estrés de no poder obtener información sobre su caso.

La carta dice: “Cuando el funcionario vino a nosotros y nos amenazó diciendo que todos serían deportados y que nadie más debería haber preguntado cuándo se iba. Luego, el guardia dijo que todos estarían encerrados hasta por dos años. Al día siguiente supimos que una persona se había suicidado por la desesperación y el estrés que le provocó el oficial”.

El inmigrante que lideró la huelga de hambre y firmó la carta, Orlando De los Santos Evangelista, confirmó que el hombre mencionado en la carta era Vial. “No tienes idea de cuánto lo sentimos por Kesley. Sólo queremos justicia para él. Y pedimos nuestra libertad y que no se traiga más gente a este lugar y que terminen las deportaciones involuntarias”, dijo.

CoreCivic dijo que la carta abierta “hizo varias afirmaciones falsas sobre la condición del sitio, algunas de las cuales pueden ser refutadas fácilmente”. Según la gerencia de la empresa, las alegaciones contenidas en la carta son refutadas por lo siguiente: “La instalación recibe agua de la ciudad de Estancia, por lo que es exactamente la misma agua que usan los vecinos y comercios de la región. Todos los reclusos tienen acceso diario para inscribirse en atención médica, incluidos los servicios de salud mental. Nuestra clínica está compuesta por médicos, enfermeras y profesionales de la salud mental autorizados y acreditados que cumplen por contrato con los más altos estándares de atención. Estamos firmemente comprometidos a proporcionar a aquellos en quienes confiamos acceso a abogados y tribunales, lo cual está codificado en nuestra Política de derechos humanos. Nuestras instalaciones no han recibido quejas ni denuncias de reclusos o abogados por temas de acceso legal”.