Todos los que han sido (fuimos) parte de esta historia de abuso de poder y expropiación de la esfera pública, y de las resistencias y luchas que siguieron, se sintieron interpelados por un referéndum que finalmente trató de derrocar la impunidad de los responsables y la injerencia. eso lo descarriló.

En un país presidencial donde la concentración real y simbólica del poder en la figura de una persona de seis años es parte del ritual constitutivo del poder estatal, el odio a los ex presidentes es parte de sentimientos políticos generalizados y persistentes. Esto sigue distorsionando la percepción de la conformación real del poder político, del andamiaje tecnocrático y partidista, del entramado de poderes de facto.

Vale recordar la ironía del discurso obradorista que acompañó al referéndum en el que Salinas fue acusado de fraude en las elecciones de 1988 en las que resultó electo, sin contar que en su realización contó con el importante papel del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ahora aliado de López Obrador y miembro de su gobierno.

En todo caso, además del triunfalismo de López Obrador -para quien todo es siempre un éxito-, el resultado de la consulta trunca el camino institucional de una posible reparación colectiva, socavando la legitimidad del proceso judicial que pretendía desmantelar los lazos que garantizó la impunidad de ex víctimas.-presidentes. Al mismo tiempo, es claro que los millones que acudieron a votar demuestran la existencia y el peso de un sentimiento y una voluntad política generalizados que serían más que suficientes para justificar la apertura de un ejercicio de memoria colectiva y de juicio político.

La consulta popular, por su parte, representó la inauguración de una forma de democracia participativa que tuvo sus antecedentes más relevantes en algunos movimientos antineoliberales de la segunda mitad de la década de 1990, impulsados ​​y protagonizados por movimientos sociales y partidos de oposición: del zapatismo, que hizo de este formato una práctica recurrente y distinta, pero también del movimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000 y del propio Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces encabezado por López Obrador, contra la deuda contraída por el gobierno de Zedillo, en una consulta en la que votaron tres millones de personas.

También es importante subrayar que la retórica obrera actual parece confundir la idea general de la democracia participativa con la simple herramienta de la consulta popular, sin considerar otras prácticas como, por ejemplo, los presupuestos participativos (actualmente reducidos a hiperburocratizados). microprácticas en Città del México), la democratización de los espacios de trabajo y educación, la participación comunitaria o asambleas territoriales y el reconocimiento de dinámicas organizativas autónomas como formas de participación y democracia directa.

Así, como respuesta inmediata a la decepción con los resultados de la consulta, el obradorismo, tras el rito triunfalista, comenzó a mirar hacia el futuro. López Obrador dijo que, con motivo del referéndum revocatorio previsto para marzo de 2022, la participación habría sido masiva. Además, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, propuso legislar sobre esta modalidad específica y no modificar, por ejemplo, la ley actual, consulta que se elaboró ​​durante la administración de Peña Nieto. Además de la apertura de otras formas de democracia participativa, el próximo llamamiento, ligado a la continuidad de la figura unipersonal del actual presidente, tiñerá inevitablemente el incipiente uso del referéndum de una lógica plebiscitaria.

En conclusión, una consulta que pudo haber sido un importante acto político, signo de un cambio significativo, aunque acotado y relativo, respecto a la historia de denuncia e impunidad de las últimas tres décadas y la apertura de nuevas formas de participación política, por una serie de factores y responsabilidades que incluyen a los propios promotores, se revela un ejercicio fallido que corre el riesgo de crear un precedente negativo e inhibir el desarrollo de futuras consultas populares de carácter no estrictamente plebiscitario.