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El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar un grupo de mujeres al Senado para ocupar la plaza que libera Arturo Zaldívar con su renuncia a la Corte Suprema. Todos tienen un papel en el actual gobierno: María Estela Ríos es la asesora jurídica del presidente…

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El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de enviar un grupo de mujeres al Senado para ocupar la plaza que libera Arturo Zaldívar con su renuncia a la Corte Suprema. Todos ellos tienen un rol en el actual gobierno: María Estela Ríos es la asesora jurídica del presidente; Bertha María Alcalde, asesora jurídica de la Comisión Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); y Lenia Batres es asesora legislativa. La primera cuestión es una de éstas: la elección real del presidente, porque será el nuevo magistrado de la Corte. Hagan sus quinielas, a ver si atinan.

La Constitución mexicana podría decidir: el Presidente de la República designará a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fácil y rápido. No cambiaría nada de lo que sucede ahora, pero se deben mantener ciertos métodos, ¿verdad? Apariencia de imparcialidad y división de poderes. Se necesita una mayoría calificada del Senado para aprobar cualquiera de los candidatos a ser nominados, pero los senadores normalmente rechazan al primer candidato. Es fácil. Argumentarán que la independencia judicial ha caído en deterioro con perfiles tan similares al Gobierno. Luego el presidente presentará otra propuesta que probablemente sustituirá a las dos y dejará en el cargo a uno de los primeros, su favorito. El mensaje es enviado. Nuevamente la Sala puede rechazar las tres postulaciones. En ese caso, el presidente designaría un nombre y ahí está. El presidente siempre gana. El Senado, por tanto, no está acostumbrado a hacerlo y en esta segunda vuelta prefiere negociar algo antes que cumplir su inevitable deseo. Los magistrados como moneda de cambio, por tanto.

En una de sus Mañaneras, hablando sobre este tema, López Obrador dijo: “¿Quién tendrá la última palabra? Pon el Senado”. Es un punto de vista. La oposición pensará diferente.

Si lo anterior es lo que probablemente suceda, la segunda pregunta es: ¿por qué el presidente no mantiene esta apariencia constitucional de separación de poderes? Aquella frase en la que pensó que siempre quiso proponerse a personas alineadas con sus principios políticos, no a juristas de irrefutable independencia, puede haber sido un ahorrado. “A ver lo que propongo, a ver si lo hago, porque me salvaron cuatro que me propuse conservas”. De todos es sabido que la subjetividad es propia del ser humano, ya sea juez, médico, cocinero o profesor. Pero no hay razón para definir a priori la imagen del magistrado partiendo del supuesto de que su cargo se caracterizará por su ideología y no por la autonomía de criterios. El retorno de la moneda recaerá también sobre los no conservadores, que se situarán al lado de los postulados del Gobierno. La batalla política habitual se traslada así al máximo órgano jurídico. El poder judicial como una amplia extensión del poder legislativo. Triste.

Con una fórmula similar, ganan los únicos que han ganado conservas, porque vale la pena considerar que actúan con objetividad, dado que fueron propuestos por López Obrador pero no siempre han fallado a su favor. ¿Qué cosas?

Los protagonistas de estos seis años han sido los choques del gobierno con la Corte Suprema y el sistema judicial en general. El presidente ha desatado una andanada de insultos y calumnias contra los jueces para apoyar una de las medidas que impulsa, cambiar el sistema para que los magistrados sean elegidos por el pueblo. Al parecer podría considerarse una iniciativa progresista y democrática, pero los países que utilizan este modelo no han ofrecido resultados claros. En última instancia, el pueblo optará por apoyar al partido o al presidente con sus campañas públicas y sabrá lo que están pensando. El elegido, por su parte, sabrá quién tiene que agradecérselo. Ningún modelo debería ser mejor que el otro. Lo que puede ayudar es asegurar recursos suficientes, sin privilegios ni salvaguardias, para que el sistema de justicia pueda realizar su trabajo sin riesgos y con solvencia. Para garantizar la independencia jurídica bastaría con que las demás potencias se negaran a poner la cuchara en el lugar equivocado. Difícil.

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