Tras la reforma publicada en el Diario Oficial de México hace un año, que suspendió el otorgamiento de concesiones mineras, las empresas tienen poco margen para operar, pero una opción que les queda abierta podría ser la de adquirir empresas con concesiones y licencias vigentes.

“Tenemos que distinguir entre empresas que tienen concesiones mineras y aquellas que no”, dijo a BNamericas Rodrigo Sánchez-Mejorada, socio y director del estudio de abogados Sánchez-Mejorada, Velasco y Ribé.

“A la luz de la ausencia de nuevas concesiones, los vacíos legales y la incertidumbre que tenemos ahora, las empresas deberían adquirir empresas existentes que tengan concesiones”, añadió.

Tanto la minería metálica como la no metálica se han visto afectadas por la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar de otorgar nuevas concesiones y ralentizar los procesos de otorgamiento de licencias.

A esto se suma la incertidumbre generada tras la aprobación de reformas que, entre otros cambios, otorgaron derechos exclusivos de exploración al Servicio Geológico Mexicano (SGM). La falta de regulación de las cuatro leyes modificadas que se aplican al sector también ha paralizado varios emprendimientos mineros.

“Incluso cuando se adquieren empresas que poseen concesiones existentes, existe incertidumbre en la operación. Por ejemplo, las autoridades creen que la exploración no puede continuar aunque exista una concesión”, subrayó Sánchez-Mejorada, añadiendo que las reformas deberían ser declaradas inconstitucionales.

Luis Humberto Vázquez, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicos y Geólogos de México (AIMMGM), cree que adquirir empresas con concesiones podría ser factible, pero poco probable.

“Es posible, pero empresas grandes y consolidadas como Grupo México, Frisco, Peñoles y Fresnillo no pueden ser adquiridas fácilmente por otras multinacionales, que no tienen el conocimiento local como ellas”, comentó a BNamericas. “Sin embargo, vemos cada vez más adquisiciones de grandes empresas en todo el mundo.

La legislación introducida el año pasado reserva las actividades de exploración para el Estado, que serán realizadas por SGM u organismos paraestatales, y se pueden firmar acuerdos de exploración por cinco años con empresas que tengan información sobre la existencia de minerales en lotes no asignados.

“¿Es tarea del Estado gastar recursos públicos en exploración? ¿Por qué no incentivar al sector privado a crear otros mecanismos que fomenten la participación de las comunidades y del propio Estado?”, preguntó Karina Rodríguez Matus, socia de la firma de abogados Rodríguez, Matus y Feregrino, durante el foro Los desafíos de la minería en México, organizado por AIMMGM.