En 2022 fueron 72 líderes sociales asesinados. Se dedicaron a la defensa del territorio, del agua, de los derechos humanos; eran promotores culturales, indígenas, artistas, abogados, comunistas, opositores a megaproyectos mineros, transexuales, sindicalistas, ambientalistas y comunicadores comunitarios.

México y Colombia tienen tasas de homicidio muy similares: México 26 y Colombia 26,8 por 100.000 habitantes, tasas 10 veces superiores a la media mundial. Sin embargo, México cuenta con pocas fuentes confiables para establecer el número exacto de líderes asesinados. Todas las cifras provienen de medios de comunicación y organizaciones que operan en la zona, pero no hay certificación de la identidad de los muertos ni un conteo oficial del gobierno. Así que el número de muertos es probablemente mayor.

Aún ante este escenario, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido hacerlo cerrar la agencia estatal de noticias Notimex, alegando que el servicio ya no es necesario. Desde 1968, Notimex ha enviado informes desde los 32 estados de México, muchos de los cuales carecen de cobertura en los periódicos nacionales con sede en la capital mexicana. Al anunciar su decisión el 14 de abril, López Obrador dijo que sus sesiones informativas matutinas cuidadosamente orquestadas fueron suficientes para mantener informado al país.

Según el medio independiente Desinformémonos, de los 72 activistas asesinados en 2022, la mayoría eran indígenas o luchaban por los derechos de una minoría cultural. La mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, algunos de los estados más peligrosos de México, que encabezan la lista de desaparecidos del país.

El año pasado, 22 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extraoficialmente, según el Comité Cerezo México, una organización que trabaja en defensa de los derechos humanos. Es importante subrayar que por “ejecuciones extrajudiciales” el Comité Cerezo se refiere a homicidios que también constituyen violaciones a los derechos humanos por ser cometidos por agentes estatales.

O Comité Cerez también le dijo a Animal Político que, a nivel estatal y municipal, la estrategia de represión política continúa como en los dos mandatos anteriores, que en México duran seis años cada uno. La organización también denuncia que el gobierno federal promueve una política de impunidad, ya que no sanciona a los responsables porque el delito de homicidio no es de su competencia.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, de 2006 a 2009, hubo 67 ejecuciones extrajudiciales, en el de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, 198 y durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde 2018, un promedio de 19 por año. Según Animal Político, los dos gobiernos anteriores, el PAN y el PRI, utilizaron la estrategia del control social y la represión política para llevar a cabo estas ejecuciones. Desde que AMLO llegó al poder, su forma de control ha sido el control social a través de programas sociales masivos, que permiten que tanto los asesinatos como las ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales continúen y ocurran con impunidad. En este sentido, las facultades cada vez más amplias para controlar la seguridad de los ciudadanos que López Obrador ha otorgado al ejército mexicano no son buenas noticias.