El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el jueves una reforma del sistema electoral nacional y la entidad que lo supervisa, una de las instituciones más confiables del país. La medida, que será difícil de aprobar en el Congreso, apunta a concentrar el poder en manos del gobierno, según los críticos.
La propuesta reduciría el tamaño del Congreso y las legislaturas estatales, además de reemplazar el Instituto Nacional Electoral (INE) por un organismo denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tendría siete miembros elegidos por voto popular. Además, se eliminarían organismos estatales similares al INE.
Actualmente, el INE cuenta con 11 consejeros elegidos por consenso del Congreso para un período de nueve años. Los miembros de la nueva entidad serían elegidos por voto popular, con candidatos seleccionados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que podría agregar un rango político más alto al organismo.
La propuesta también reduciría el financiamiento federal para los partidos políticos y el gasto electoral, algo que López Obrador ha estado apuntando durante mucho tiempo, ya que el presidente a menudo ha rivalizado con el INE.
López Obrador anunció los cambios constitucionales propuestos en una conferencia de prensa justo cuando la actual sesión del Congreso llegaba a su fin. Según él, el plan reducirá la influencia de los intereses económicos en la política.
“No hay intención de imponer un solo partido”, dijo López Obrador. “Lo que queremos es que haya una verdadera democracia en el país y que se detenga el fraude electoral”.
Sin embargo, el proceso de reforma, que reformaría 18 artículos constitucionales y agregaría siete provisionales, no es fácil. El partido Morena de López Obrador y sus aliados necesitan una mayoría de dos tercios en el Congreso para aprobarlo, que no tienen. Además, los principales partidos de la oposición ya han manifestado su oposición a los cambios.
Por ejemplo, el presidente fracasó hace poco más de una semana en un intento de aprobar una reforma amplia del sector eléctrico, que requería la misma mayoría de dos tercios, ya que cambiaría la Constitución.
Poco después de la derrota logró que se aprobaran los cambios a la ley de minería, reservando la exploración y aprovechamiento del litio exclusivamente al Estado mexicano: esta medida requería únicamente el apoyo de la mayoría simple de la Cámara, es decir, la mitad de los presidentes más uno.
El presidente mexicano habría reconocido la improbabilidad de que la reforma pase, diciendo que era su responsabilidad presentarla “aunque no pase”. También instó al Congreso a estudiar cada punto de la propuesta, sensibilizar a la ciudadanía y luego tomar una decisión.
López Obrador ha criticado durante mucho tiempo a las autoridades electorales mexicanas, acusándolas de ayudar a planificar sus derrotas cuando se postuló a la presidencia en 2006 y 2012. A pesar de ello, fue el propio INE quien confirmó su aplastante victoria en las elecciones presidenciales del país de 2018. .
Las propuestas ahora reducirían el número de legisladores en la Cámara Baja del Congreso de 500 a 300 y los senadores de 128 a 96, eliminando a los llamados legisladores “plurinominales”. Estos no son elegidos directamente por los votantes, sino que aparecen en las listas de los partidos y obtienen escaños en función de la proporción de votos emitidos por su partido.
Además, los partidos políticos recibirían financiamiento público solo durante las campañas electorales y no anualmente, como ocurre ahora. López Obrador dice que los cambios le ahorrarían a México $1,200 millones y permitirían a los ciudadanos seleccionar a personas honestas para postularse para un cargo.
Otro punto de la propuesta, el de elegir a los miembros del órgano que sustituirá al INE con el voto popular, también es criticado por los analistas, que argumentan que las personas en estos cargos deben ser expertos y que eso puede añadir otra capa política a la la forma en que se llevan a cabo las elecciones.
“Pensar que un electorado tan diverso y desinformado tendría la capacidad de seleccionar asesores electorales y magistrados es pura demagogia y ficción”, dijo a AP Clara Jusidman, fundadora de la ONG Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, y agregó que los que están en el poder tomarían sus simpatizantes a votar por quien quisieran.
* Con información de organismos internacionales
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