México, 28 de abril de 2022 (AFP) – México ha creado instituciones para la atención y protección de periodistas, pero su efectividad es limitada por la falta de una política clara sobre libertad de expresión, testigos y fiscalía del Tribunal Popular.

“Escuchamos cómo nada funciona o no funciona para los intereses de un fiscal o el próximo fiscal o una agencia del gobierno u otro”, dijo la abogada internacionalista Almudena Bernabeu, quien se desempeñó como fiscal.

Este foro promueve la “justicia popular” y, a pedido del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Free Press Unlimited (FPU), analizó la situación de México, uno de los países más peligrosos para comunicadores.

Solo en 2022, RSF registró ocho asesinatos de periodistas, aunque no todos los casos tienen una relación demostrable con su trabajo. El gobierno tiene seis asesinatos.

Balbina Flores, representante de RSF en México, concluyó la audiencia de dos días enumerando las deficiencias encontradas en las instituciones públicas en cuanto a la protección de los periodistas.

“Parece que estas instituciones se están debilitando”, dijo, y señaló que faltan recursos económicos y personal especializado y no hay continuidad de un gobierno a otro.

“Hay iniciativas que se han impulsado, algunas han funcionado en mayor o menor medida”, pero el problema, subrayó, es que “no hay una política clara”.

Las conclusiones del tribunal se publicarán en octubre. El gobierno tenía derecho a presentar sus argumentos, pero no asistió ningún representante oficial.

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