“El Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que ha recibido una carta en la que el gobierno de Nicaragua anuncia que ha decidido retirar la aprobación de nuestro jefe de misión” en el país, dijo María Cristina Rivera, coordinadora de comunicaciones de Cruz Roja para México y Centroamérica.

La revocación del visto bueno implica la salida del país del funcionario, quien ya salió de Nicaragua.

“Desconocemos los motivos de esta decisión que nos tomó por sorpresa. A pesar de esta situación, el CICR reitera su compromiso de continuar con su labor humanitaria en Nicaragua, en consonancia con sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, explicó Rivera. .

– Primero el nuncio –

La expulsión del delegado del CICR se produce pocos días después de que se tomara una decisión similar contra el representante del Vaticano en Managua, Waldemar Stanislaw Sommertag, calificado por la Santa Sede como “grave”. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, dijo en ese momento que las relaciones entre Sommertag y el gobierno de Ortega no eran buenas.

También esta semana, el representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, calificó al gobierno de Ortega de “dictadura” y denunció las malas condiciones carcelarias en las que se encuentran varios “presos políticos” en el país. Los familiares de algunos de estos presos informaron recientemente que el gobierno les negó la entrada a la prisión de la Cruz Roja para verificar su salud.

La Asociación de Familiares de Presos Políticos condenó la expulsión de Ess y agradeció el apoyo de la institución que encabeza, que “jugó un papel importante” para los presos y sus familias, “coordinándose para controlar la situación sanitaria al interior de las cárceles”. La ONG subrayó que, ante la falta de información de las autoridades sobre sus familiares detenidos, fue a través del CICR que recibieron “noticias concretas” sobre sus necesidades médicas.

Para la presidenta del independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la acción del gobierno contra el delegado del CICR es preocupante. Uno de los detenidos, el exguerrillero Hugo Torres, murió en el hospital tras pasar meses en prisión. “Esperamos que el CICR supere esta situación, reponga su personal y cumpla con sus funciones de vigilancia, denunciando situaciones graves al interior del penal al gobierno”, dijo Vilma.

Para Juan Pappier, investigador para las Américas de la ONG Human Rights Watch, la expulsión del representante de la Cruz Roja es “una demostración irrefutable de que el régimen tiene tolerancia cero con cualquier control internacional sobre los derechos humanos”.

“El CICR siempre ha trabajado muy de cerca con nosotros, haciendo todo lo posible por responder a nuestros llamados sobre la salud de nuestros familiares encarcelados”, dijo Olama Hurtado, nieta del excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, condenado a 13 años de prisión. la AFP.

El exguerrillero Daniel Ortega, de 76 años, en el poder desde 2007, acusa a sus opositores de querer derrocarlo con el apoyo de Washington. Para la comunidad internacional, el arresto de sus críticos fue una estratagema para perpetuarse en el poder.

El CICR es una organización humanitaria neutral y llegó a Nicaragua en 2018. En ese momento, fue testigo de la difícil situación de cientos de detenidos tras las protestas contra el gobierno de Ortega, en medio de una crisis política que aún persiste.

Tras una negociación en la que participaron Sommertag y OAS, en 2019 se concedió una amnistía y decenas de ellos fueron liberados. El CICR siguió el proceso.