El referéndum revocatorio es un mecanismo que suele tener la oposición para poder, si obtiene apoyo popular, destituir a un presidente. Pero en México es el mismo titular, Andrés Manuel López Obrador, quien promueve una consulta popular para ver si los mexicanos quieren que termine su sexenio. Esta es una promesa electoral del presidente, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018 y cuenta con un fuerte apoyo popular. Para AMLO, como es bien sabido, el referéndum es un ejercicio democrático, pero para los opositores es una maniobra para fortalecer su poder.

El Tribunal Supremo de Casación dio ayer el visto bueno al referéndum, después de que el Instituto Nacional Electoral decidiera suspender los preparativos de la consulta -prevista para el 10 de abril- por falta de recursos (costará unos 65.000 euros). Ante esta decisión, la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría el partido Morena de AMLO y sus aliados, pidió la intervención de la Corte Suprema.

“Se resolvió otorgar la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados, a fin de que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo con el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación del mandato del presidente y, en consecuencia, continúa la organización y desarrollo de todas las actividades del proceso hasta su conclusión”, decidió el tribunal, mientras que ello “favorece la continuidad de un ejercicio democrático”. Para que el referéndum salga adelante es necesaria la firma del 3% de los votantes mexicanos, es decir unos 2.7 millones de personas.

AMLO, de 68 años, llegó a la presidencia en 2018 tras dos elecciones fallidas: antes, entre 2000 y 2005, fue alcalde de Ciudad de México. Tres años después, tiene un índice de aprobación de entre el 58% y el 68%, según las encuestas. El referéndum de abril no es el primero que promueve: en agosto se llamó a los mexicanos a decidir si los expresidentes deben ser investigados por corrupción, lo que los críticos consideraron innecesario, argumentando que eso ya es posible. El “sí” ganó con el 98,4%, pero la participación fue del 7% (menos del 40% para ser vinculante).

susana.f.salvador@dn.pt