La resolución fue aprobada con los votos favorables de 25 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba es parte de la organización, pero no participa en ella desde 1962). Otros ocho se abstuvieron, incluidos México, Argentina, Bolivia y Honduras, y Nicaragua fue el único que votó en contra.
La iniciativa requiere que el gobierno de Ortega “de manera urgente y como primer paso” libere a todos los “presos políticos” y acepte una misión de alto nivel de “buenos oficios” autorizada por el Consejo Permanente del organismo.
La misión diplomática buscaría acordar cómo lograr tres objetivos, comenzando con una reforma electoral integral.
Otro objetivo es la derogación de todas las leyes que restringen la participación política y limitan los derechos humanos en Nicaragua. Además, la misión tiene la intención de iniciar un diálogo con todos los partidos y otros agentes políticos locales con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias “anticipadas”, libres, justas y transparentes, con una observación internacional “confiable”.
Ortega ganó las elecciones del 7 de noviembre, que no tuvo en las urnas a sus principales opositores porque, en los meses anteriores, habían sido detenidos.
Como reacción, la Asamblea General de la OEA, máximo foro político de la organización, aprobó una resolución en la que declaraba que las elecciones carecían de “legitimidad democrática” y no eran libres, justas y transparentes.
El gobierno de Ortega acusó entonces a la OEA de “injerencia” y anunció su intención de dejar la organización. EFE
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