La organización denuncia “comportamientos procesales notoriamente injustos” que “se repiten constantemente” y son “utilizados por algunas personas de a pie”

MADRID, 22 En. (PRENSA EUROPA) –

La Hacienda de México anunció el domingo que apelará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó esta tarde revocar la orden de prisión preventiva dictada contra tres militares detenidos por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, al considerar que no hay riesgo de fuga para el acusado.

Tras conocer la decisión, el organismo expresó su “molesta” negativa a la cláusula del juez y de los magistrados del tribunal -Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio- de “desconocer las resoluciones” de la le sentencias que determinan prisión preventiva y otorgan “beneficios indebidos a quienes no lo merecen” mediante una “secuencia procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público afirmó que estos procedimientos de protección generan una “clara situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, a sus familiares, a su seguridad “en la propia nación, dada la brutalidad de los abusos cometidos y el peligro para la libertad procesal de quienes cometieron el crimen”. de desaparición forzada de personas.”

Asimismo, denunció que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de importancia nacional o política, es utilizada por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha repetido constantemente y es progresiva a lo largo los últimos años”, se lee en un comunicado.

Por ello, la Fiscalía ha denunciado que este tipo de casos “están claramente vinculados a asociaciones de abogados, relaciones personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y extorsionadores en los medios de comunicación que han sido denunciados públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia”. , tráfico de influencias y reducción de las tareas del Estado y sus instituciones, todo por razones patrimoniales injustas y avariciosas.”

Los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a balazos y detenidos por la policía, quien los entregó a un grupo criminal por motivos poco claros en lo que muchos consideran un claro ejemplo de caso. de desaparición forzada por parte de fuerzas mexicanas.

La hipótesis oficial según la cual fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula ha sido desmentida por los expertos, quienes consideran que no existe evidencia científica que sustente dicha hipótesis. Así resume el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que subraya que la desaparición de los estudiantes fue un crimen de Estado.

Este sábado, Duarte Cedillo pidió a los militares un préstamo de 50.000 pesos (algo menos de 2.700 euros) para poder salir del penal militar de Campo Militar 1, donde se encuentran recluidos. Los imputados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.