• La posición presentada por la Secretaria de Asuntos Exteriores (SER) al inicio de la COP28 sobre cambio climático en Dubái tiene buenas intenciones que contrastan con la falta de políticas públicas y de bases para implementarlas.
• México debe adoptar una política nacional y un plan de acción sobre adaptación al cambio climático para poder responder a eventos como los recientes impactos del Huracán Otis.

En relación con la posición emitida por el gobierno mexicano en la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) COP28 el pasado 30 de noviembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (CEMDA), expresa lo siguiente:

1. Resumimos el pedido del gobierno mexicano sobre la necesidad de que los países hagan mayores esfuerzos para respetar los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, encaminados a limitar el aumento de temperatura por debajo de 1.5° grados, con base en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. En este sentido, reconocemos que México es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático y también es uno de los principales emisores de Gases Verdes de Invierno (GEI) a nivel global y el segundo más grande en América Latina. De ahí la importancia de que el Estado mexicano no minimice su responsabilidad en la mitigación.

2. Aplaudimos el reconocimiento por parte del gobierno mexicano de la necesidad de incorporar un enfoque de justicia social frente a la crisis climática y apoyamos el llamado a lograr una meta de adaptación global centrada en las personas y comunidades más vulnerables en la COP28. Sin embargo, la persona llamada debe ser apoyada con acciones concretas y los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

3. En este sentido, el gobierno mexicano debe adoptar una política nacional y un plan de acción de adaptación al cambio climático, aspectos que hasta el cierre no persiguió. Los casos más recientes, como el de la comunidad del Bosque de Tabasco -desplazados de sus hogares por el avance del mar- y las graves afectaciones provocadas por el impacto del Huracán Otis en Acapulco, nos muestran que el gobierno no tiene los recursos destinados a la adaptación, ni un curso de acción claro para abordar estas situaciones de forma preventiva, suficiente y adecuada.

4. Además, el Estado mexicano debe asignar recursos suficientes a través del Anexo Transversal 16, los cuales deben destinarse a acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Lamentablemente, tanto en la hipótesis de 2023 como en la de 2024, estos recursos se destinan a megaproyectos como el Tren Maya, a la construcción de infraestructuras para el gas fósil y a programas como passatendo Vida, que no contribuyen a la reducción de Las emisiones de GEI, aunque por el contrario, aumentan.

5. Saludamos la reafirmación del compromiso de que México alcanzará el 35% de producción de energía limpia para 2024. Sin embargo, esto debe ir acompañado de un camino de acción con objetivos claros, medidas específicas e indicadores medibles, que hasta el cierre no se ha dado, en además de que este objetivo debería lograrse predominantemente a través de energías renovables.

5. Nos parece relevante el compromiso asumido por México de continuar los esfuerzos que hacen operativo el Fondo para la Atención de las Pérdidas y Danos, así como el Fondo para la Adaptación Climática y Respuesta Integral a Desastres Naturales. Sin embargo, esto contrasta con las medidas tomadas por el gobierno mexicano para hacer desaparecer el Fondo de Cambio Climático y el Fondo Nacional de Desastres, así como con la ausencia de criterios y reglas claras para la asignación y expulsión de recursos públicos para acciones de mitigación y adaptación a cambio climático.

Ante lo expuesto anteriormente, desde CEMDA hemos hecho un llamado al gobierno mexicano para que, además de declaraciones de buenas intenciones, adopte medidas concretas y nos ayude a entender el camino que pretende seguir para alcanzar los compromisos asumidos. así como avanzar voluntariamente en las acciones realizadas.