El anuncio lo hizo en Nueva York el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, y precisó que en esta primera reunión no se espera que participen ni el gobierno venezolano ni la oposición.
“Hemos retomado las relaciones diplomáticas con Venezuela y el 25 de este mes se realizará en la capital, (…) en Bogotá, una conferencia con los países de América Latina, que incluye a Estados Unidos, Canadá y países europeos, a ver cómo puede llevar a que se retomen los diálogos políticos que se venían adelantando en México, entre los partidos de oposición y el presidente Maduro”, dijo Álvaro Leyva.
Es, dijo, “un gesto de paz total”.
El 18 de enero de 2023, el gobierno venezolano condicionó la reanudación del diálogo con la oposición a la devolución de los activos del país bloqueados en el exterior y acusó a Estados Unidos de seguir amenazando a Venezuela con nuevas sanciones.
“Si no están de acuerdo en devolverle al pueblo venezolano los 3.200 millones de dólares que robaron, que incautaron y que habíamos llegado a un acuerdo sobre su devolución, entonces no hay razón para seguir dialogando con personas que no tienen decir”, dijo el jefe de la delegación que representa al Gobierno en la mesa de diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez, durante una sesión de la Asamblea Nacional, donde el chavismo ostenta la mayoría.
El 4 de diciembre, la Plataforma Democrática Unida (PUD), de la oposición venezolana, acusó al gobierno de intentar “salir de los acuerdos” negociados en México.
“Queremos denunciar que el régimen ha activado una serie de acciones que buscan salirse de los acuerdos”, dijo la oposición en un comunicado, subrayando que pretende “continuar las negociaciones en temas políticos” y obtener la liberación de “políticos”. prisioneros”. , así como el regreso de “millones de familias y exiliados” a Venezuela.
El 25 de noviembre de 2022, el gobierno y la oposición venezolanos firmaron un segundo acuerdo parcial sobre protección social en México.
El acuerdo, que tiene como objetivo liberar recursos para ayudar a las poblaciones más vulnerables, requiere que el gobierno y la oposición cooperen en gastos humanitarios, como pagar proyectos de asistencia médica o reparar las redes eléctricas.
Según el jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, los recursos serían canalizados a través de un fondo fiduciario que sería diseñado y administrado por Naciones Unidas.
El 31 de noviembre, Nicolás Maduro pidió la liberación de los bienes del país congelados en el exterior y “elecciones libres de sanciones internacionales”.
Washington ha respondido que mantendrá intacta la política de sanciones hasta que se den pasos concretos para el “retorno de la democracia” en Venezuela.
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