“Tenemos una combinación muy interesante de situaciones que el gobierno ya ha puesto en práctica. El proceso de reconstrucción está en curso, pero llevará tiempo ver resultados”, dice.

Con motivo de los 100 días, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, tiene previsto relanzar la próxima semana el Plan de Acción para la prevención y control de la deforestación en la Amazonía legal (PPCDAm). La iniciativa, que condujo a una reducción del 80% de la deforestación en el bioma entre 2004 y 2015, fue archivada por Bolsonaro.

“La gran síntesis de este inicio de mandato es que primero contamos el tiempo para la destrucción total de la Amazonía, de la gobernanza ambiental y de la imagen país. Y ahora estamos contando el tiempo para ver cuándo disminuirá la deforestación, cuándo se reinstalará la gobernanza y cuándo será el camino correcto en la agenda climática”, dice el secretario ejecutivo del Observatorio del Clima.

Participación social para frenar el agronegocio

El Observatorio Brasileño de Gobernanza Ambiental (OGAM), creado en 2022, llama al gobierno de Lula a ampliar la participación de la sociedad civil en el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama). La instancia es la más importante para el diálogo entre el gobierno federal y la sociedad civil, pero Bolsonaro la había vaciado.

“Por un lado fue positivo porque Lula trajo representantes indígenas, sindicales y científicos a Conama, que habían sido excluidos en el mandato anterior. Al mismo tiempo, esta nueva composición ha sido frustrante ya que ha reducido la participación de la sociedad civil y ha aumentado el número de representantes del gobierno, en comparación con lo que teníamos antes de Bolsonaro.

La evaluación es de Carlos Bocuhy, presidente del Instituto Brasileño de Protección Ambiental (Proam) y fundador de OGAM, una iniciativa que reúne a ambientalistas, juristas e investigadores del sector. Promete ser una de las voces que presionará al gobierno para que se establezca la paridad en la Conama entre las organizaciones de la sociedad civil y los miembros del gobierno.

Bocuhy dice que la paridad es una forma de proteger la política ambiental de las presiones de los agronegocios, que pueden socavar los esfuerzos del gobierno para limitar la expansión de la frontera agrícola en los biomas.

“Nuestra expectativa con el gobierno de Lula es muy alta, pero sabemos que es un gobierno de frente amplio. Entonces, ¿Lula podrá establecer un gobierno ambiental? ¿Cómo se llevará a cabo esta construcción? ¿Qué concesiones se harán?”, subraya el ambientalista.