OBrador también destacó que el actual gobierno de Perú es “racista” y detuvo a Castillo por ser indígena.

Estas declaraciones fueron el indicio más fuerte de que López Obrador no reconoce a la actual mandataria peruana, Dina Boluarte, informó la agencia Associated Press (AP).

“Él [Castillo] es el presidente legal y legítimo. Sufrió un golpe tremendo”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

“A Pedro Castillo no lo aceptan porque viene de la sierra, es indígena”, agregó.

Boluarte asumió el cargo el 7 de diciembre, tras la detención del presidente Pedro Castillo, acusado de autogolpe.

Castillo, quien fue el primer líder de ascendencia andina rural de Perú, ha estado vinculado a escándalos de corrupción desde su partida.

El gobierno de López Obrador no ha anunciado que retiraría el reconocimiento formal al gobierno de Boluarte, pero las relaciones entre ambos países se han resentido por la actitud del presidente mexicano.

En febrero, Boluarte retiró la embajada de su país en México en respuesta a comentarios anteriores de López Obrado.

Desde la detención de Castillo, han seguido fuertes movilizaciones populares exigiendo su liberación, la renuncia de su vicepresidenta Dina Boluarte, quien asumió como jefa de Estado, la anticipación de elecciones, la disolución del parlamento y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Las protestas callejeras en Perú fueron respondidas por acciones policiales que dejaron un total de 67 muertos, la mayoría manifestantes, según las autoridades peruanas.

Mientras López Obrador ha criticado la matanza de manifestantes en Perú, el líder mexicano ha sido criticado por hacer pocas declaraciones sobre los cientos de nicaragüenses asesinados o exiliados por el gobierno del presidente Daniel Ortega.

La crisis política que sacude a Perú es también un reflejo de la enorme brecha entre la capital y las provincias pobres que sostienen a Castillo, de origen amerindio, nunca aceptado en el Palacio Presidencial por la élite y la oligarquía capitalina, y por los principales medios de comunicación en la titularidad. de empresarios millonarios.

En un informe publicado a fines de febrero, Amnistía Internacional (AI) denunció la “violenta represión estatal” de las protestas antigubernamentales en el país y el “uso indiscriminado de armas letales” contra los manifestantes, así como las detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos. , incluidas supuestas ejecuciones extrajudiciales.

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